El portavoz del Gobierno heleno, Simos Kedikoglu, ha defendido la decisión de cerrar el ente público de radiotelevisión ERT y asegura que en el transcurso del verano la nueva empresa pública que lo sustituirá estará ya funcionando.
En una rueda de prensa con los medios extranjeros, Kedikoglu insistió en que ERT “no cierra”, sino que “renace”.
Precisó que todos los empleados (2.650) que ahora han quedado en la calle, tendrán la oportunidad de pedir un empleo en el nuevo ente, y que sus solicitudes serán analizadas siguiendo criterios “objetivos”.
Kedikoglu rechazó que el hecho de que la decisión fuera aplicada en cuestión de horas incumpla las normas del derecho laboral y, pese a que el decreto que ha permitido el cierre no contó con la firma de los ministros de los socios de la coalición, negó que haya una división en el seno del Gobierno.
“Los socios del Gobierno no ponen en duda la necesidad de reformar la televisión pública, solo están en desacuerdo con el cierre provisional”, dijo y añadió que todo lo que se ha hecho es acorde a legislación.
Algunos expertos jurídicos han puesto en duda que el decreto se ajuste a las normas legales, por no contar con las citadas firmas.
Explicó que el nuevo ente público será totalmente independiente y dijo que a ERT le quedaba de por si poco tiempo de vida, pues de no cerrarlo el Gobierno, habría sucumbido en pocos meses “a las huelgas continuas”.
Ante la pregunta de cómo piensa el Gobierno solucionar la retransmisión de eventos deportivos ya previstos en la programación, Kedikoglu señaló que las cadenas interesadas tendrán que presentar ofertas al ministerio de Finanzas, heredero provisional de ERT, y que la adjudicará al mejor postor.
Respecto a la desconexión de las cadenas extranjeras RIK (Chipre), BBC (Reino Unido) y Deutsche Welle (Alemania), que se produjo al tiempo que pasaba ERT a negro, el portavoz aseguró: “encontraremos una solución”.
Según el borrador de ley para la creación del nuevo ente, este se llamará “Nueva Radio, Internet y Televisión, S.A.” (Neritan-SA) y será una empresa pública regulada por el Estado, con autonomía administrativa y financiera.
Efe