Las ayudas a la extensión de la TDT, pendientes de la justicia

10 marzo, 2015 - SatCesc

La disputa entre la Comisión Europea y el Gobierno español por las ayudas de 260 millones de euros que concedió éste a los distribuidores de señal de televisión para la extensión de la TDT a zonas remotas se resolverá este miércoles en Luxemburgo.

El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre el recurso que interpuso el Ejecutivo español contra la decisión de Bruselas de declarar ilegales estas prestaciones a las TDT.

El Ejecutivo comunitario dictaminó que beneficiaban a los operadores de televisión digital terrestre y que perjudicaban a las compañías de otros sistemas de telecomunicaciones como el satélite, contraviniendo así el principio de “neutralidad tecnológica”.

Para encontrar el origen de la controversia entre Bruselas y Madrid hay que remontarse una década, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 un plan para la migración de la televisión analógica a la digital que incluyó subvenciones a los operadores para llevar la TDT a zonas remotas y menos urbanizadas.

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Compañías locales de cable y el gigante del satélite Astra impugnaron las ayudas y la Comisión Europea les dio la razón, en una resolución en la que se decía que los operadores de plataformas terrestres “han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español”.

Esas zonas remotas del territorio nacional representan a unos 4.000 municipios en los que habita el 2,5% de la población española (más de 1.200.000 ciudadanos).

España alegó que dado que las televisiones no iban a tener que llevar forzosamente la TDT a estos territorios (su obligación de cobertura sólo alcanza el 96% del territorio nacional para los radiodifusores privados y el 98% para RTVE y las autonómicas), no era posible proceder en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos al apagado analógico previsto sin la intervención pública mediante ayudas a la extensión a esas zonas. El tribunal de la UE tiene ahora la palabra, según explica la agencia Servimedia.

 

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