El ente gastó de forma irregular 280.000 euros en abogados por el ERE y 441.000 en alquilar coches.
La Generalitat mantiene técnicamente vivas las emisiones de Canal 9, que ofrece una pantalla de barras verticales de colores, para que las dos TDT autonómicas con las que compartía múltiplex –Mediterráneo TV y Las Provincias TV, frecuencia ahora alquilada al canal de teletienda EHS y al tarot– puedan seguir en antena. El Síndic ha denunciado diversas irregularidades en esa relación comercial que siempre ha ido en detrimento de los intereses del canal público.
Al cierre de 2012, esos dos canales ocupaban un lugar preferente en el epígrafe de RTVV «deudores comerciales y otras cuentas por cobrar». La deuda por el uso del múltiplex durante cuatro años ascendía ya a 1.302.600 euros. Ante la «antigüedad de la deuda y las bajas posibilidades de cobro, motivadas por el reiterado incumplimiento de las televisiones en atender sus obligaciones», los gestores de Canal 9 decidieron reducir casi a la mitad la cuenta pendiente sin cobrar un euro. Directamente perdonaron 519.050 euros a través de lo que llamaron «corrección valorativa».
El Síndic no sale de su asombro al denunciar que incluso meses despuñes, concretamente «a fecha de realización del presente trabajo (septiembre de 2013) estas televisiones no han atendido los pagos estipulados» sin que RTVV haya emprendido ninguna actuación para cobrar. «No ha iniciado las gestiones ni aplicado medidas legales tendentes a que se hagan efectivos» los pagos, subraya el informe. El uso del múltiplex por parte de las dos TDT era tan irregular que no estaba siquiera amparado por un contrato. Se firmó el 30 de marzo de 2010, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2008, para dar cobertura legal al acuerdo.
El informe del Síndic revela también que los costes de los primeros despidos en aplicación del ERE elevó los costes de personal de 45 a 73,3 millones. La televisión pública provisionó 34,4 millones para hacer fente a los despidos. Entre los gastos de explotación fiscalizados, se incluyen 155.655 euros gastados de forma irregular en «asesoramiento jurídico en dos procedimientos judiciales». Se vulneraron las normas y principios de la Ley de Contratos y no se obtuvo la preceptiva autorización de la Abogacía de la Generalitat. Dedicó otros 125.000 euros (pagados a Garrigues) para asesorarse en la ejecución del ERE. El desbarajuste en la contratación de Canal 9 se aprecia también, según el Síndic, en los 441.4624 euros gastados en alquiler de coches. De esa cantidad, 227.763 corresponden a un mismo proveedor. Estos gastos se han contratado «directamente, sin formalización documental» e incumpiendo la Ley de Contratos.
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