El marco legal existente en la actualidad en España para hacer frente a la lacra de la piratería digital la podemos encontrar en el Código Penal.
En concreto, los artículos 271 y 272 del Código Penal abordan los delitos relacionados con la propiedad intelectual. Para su correcta interpretación partimos de la base si esa práctica puede comportar un beneficio económico implicado en la infracción.
Así, en el artículo 271 se establecen penas para aquellos que obtienen un beneficio económico significativo al cometer delitos de propiedad intelectual. Según reza ese artículo “se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito …“.
En este sentido, los últimos cierres de páginas web piratas son una clara acción que llevan a cabo las autoridades para combatir la piratería en internet. El problema radica en que no se logra zanjarlo puesto que ese esfuerzo queda en vano cuando a posteriori reaparecen bajo otros dominios por lo que la lucha puede ser infructuosa.
Las multas y sanciones pueden variar según la gravedad del delito y en la mayoría de los casos los consumidores de esa piratería audiovisual no son del todo conscientes de que están accediendo a contenidos protegidos por derechos de autor.
Mientras en España aún no se han tomado de forma seria cartas en el asunto, en otros países como Italia se han puesto duros con sanciones tanto para quienes pongan a disposición contenidos protegidos por derechos de autor de forma ilegal, como para los usuarios finales. Estos se exponen a multas de 5.000 euros y hasta tres años de prisión.
Y es que según datos de una encuesta en ese país europeo, la piratería digital representa el 39% de los accesos a contenido ilegal, con 2,3 millones de suscriptores a al menos un servicio de IPTV ilícito.
