06 marzo, 2020 - SatCesc

Piratear la televisión de pago tiene sus riesgos jurídicos

El Código Penal español castiga la manipulación de descodificadores

El artículo 256 del Código Penal español lo dice muy claro: «El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a 400 euros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses».

Dicho en otras palabras, el consumidor de la televisión de pago pirateada también está incurriendo en un delito, aunque sea mucho más complicado por la policía poder actuar en estos casos.

La normativa del Código Penal español es del 25 de noviembre de 1995 y el artículo 256 fue actualizado años más tarde con vigencia desde julio de 2015. El mismo se basa en las prácticas ilícitas de manipulación de los aparatos descodificadores que con cambios de software permiten  acceder a todos los contenidos encriptados de forma gratuita y sin el consentimiento de los titulares.

En los últimos años han habido innumerables actuaciones policiales que han permitido desarticular redes que pirateaban la señal de la televisión de pago. Los investigados y posteriormente detenidos conseguían un rendimiento económico con esta práctica al ofrecer sus «productos» pirateados a precios más económicos que los legales que ofrecen las propias plataformas.

Métodos populares para piratear la TV

El cardsharing y el IKS fueron en su momento los métodos más comunes para piratear la televisión de pago, superados en los últimos tiempos por el cada vez más extendido IPTV ilegal. El cardsharing funciona a través de la señal recibida desde el satélite por una antena parabólica con el uso de Internet.

Por su parte, en el IKS (Internet Key Sharing) los usuarios deben actualizar el firmware del descodificador y así se accede a los canales en abierto.

En todos estos casos, y desde el propio hogar particular, el consumidor está incurriendo en un delito contra la propiedad intelectual.