19 mayo, 2020 - SatCesc

La policía cierra una IPTV pirata con permiso legal como red de cable

En la Región de Murcia

La Policía Nacional ha detenidos a los dos responsables de una web que presuntamente ofrecía de forma fraudulenta canales de televisión a 1.300 clientes de la pedanía murciana de Beniaján (Región de Murcia) y poblaciones limítrofes. La práctica delictiva se llevaba a cabo desde hacía tres años. Habría ocasionado un perjuicio económico a los titulares de los derechos de más de 2,1 millones de euros.

La investigación se inició a finales de 2019 cuando los agentes recibieron una denuncia en la que se aportaban datos sobre el servicio irregular que estaban ofreciendo multitud de canales de acceso condicional sin autorización de los legítimos titulares.

Con las primeras gestiones, los agentes comprobaron que la página web denunciada ofrecía servicios de telefonía e internet en la Región de Murcia. Tenía además de suscripciones mensuales a una amplia parrilla de canales de televisión, en su gran mayoría de carácter condicional.

Posteriormente, los agentes identificaron a una compañía local de telefonía ubicada en Murcia, que estaba administrada por dos personas, y que se encontraba dado de alta para ser operador de cable, pero no como distribuidor de contenido audiovisual. Así, llegaron a emitir hasta 300 canales.

Con toda la información recabada, los investigadores procedieron a la entrada y registro en la sede del operador local. En ese momento se encontraba emitiendo 78 canales, de los que una veintena no tenía autorización.

Los agentes comprobaron que el operador estaba autorizado para emitir unos canales determinados, pero aprovechaba esta circunstancia y toda su infraestructura para ofrecer un listado más amplio a sus clientes, incluyendo canales de los que no disponía de permiso. Tras analizar la documentación hallada, la Policía Nacional pudo constatar que se trataba de un listado que dependiendo del momento podía ser más amplio.

La forma de actuar consistía en captar la señal a través de un contrato legal con el proveedor como cliente particular. Posteriormente se distribuía ilegalmente a sus clientes. De este modo, daban servicio a cerca de unos 1.300 clientes de Beniaján y las poblaciones limítrofes. Para ello se aprovechan del cable coaxial instalado, a los que cobraban mediante abonos en contado en el propio local o por transferencia bancaria.

Esta dinámica la llevaban desarrollando durante tres años. Con ella habían ocasionado un perjuicio económico que asciende a los 715.000 euros anuales, es decir, más de 2,1 millones en total.

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Fotografía de archivo

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