La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Telefónica por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos cuando compró DTS (antes Sogecable) en 2015.
Antecedentes: la compra de DTS y los compromisos asumidos
Cuando Telefónica adquirió DTS en 2015, la CNMC aprobó la operación con condiciones. La empresa se comprometió, entre otras cosas, a no imponer permanencias ligadas a sus servicios de televisión de pago, ya fueran contratados por separado o como parte de paquetes con otros servicios de telecomunicaciones.
En 2020, estos compromisos fueron prorrogados por tres años adicionales, hasta abril de 2023.
Incumplimientos detectados
En julio de 2021, la CNMC concluyó que la oferta comercial de Telefónica “Fusión+Smartphone” violaba estos compromisos. El motivo fue que dicha oferta incluía el alquiler de un teléfono móvil sujeto a una permanencia de 36 meses, lo cual, a juicio del regulador, limitaba la libertad de los clientes para cambiar de operador.
Por este motivo, la CNMC instó a Telefónica a modificar la oferta y comunicarlo tanto a los clientes como al propio organismo. Finalmente, en marzo de 2023, la empresa fue sancionada con una multa de 6 millones de euros.
Nuevas prácticas bajo sospecha
Tras esa multa, Telefónica lanzó nuevas ofertas bajo las marcas Movistar Fusión y miMovistar, también con dispositivos incluidos y televisión de pago. Estas ofertas estuvieron vigentes entre agosto de 2021 y abril de 2023 (cuando finalizaban los compromisos).
Según la CNMC, estas nuevas ofertas también podrían haber dificultado la portabilidad de los clientes, al seguir incluyendo condiciones que limitaban su libertad de elección, tanto en productos con televisión de pago como sin ella.
Por ello, el 30 de enero de 2024, la CNMC declaró que Telefónica habría incumplido nuevamente los compromisos fijados en la resolución de abril de 2015 y en la resolución posterior de julio de 2021.
¿Qué implica el nuevo expediente?
La apertura del expediente sancionador no implica aún una sanción, sino que se inicia una fase de investigación. Telefónica dispone ahora de hasta tres meses para presentar alegaciones, tras lo cual la CNMC tomará una decisión definitiva.
