La Administración de Donald Trump sigue adelante con su cruzada por reducir el gasto público en Estados Unidos, sin reparar en las consecuencias sociales y culturales.
Su último paquete de recortes, aprobado por el Congreso de mayoría republicana, contempla una drástica reducción de 9.000 millones de dólares en ayudas exteriores y fondos destinados a la comunicación pública.
Una de las principales afectadas será la Corporación de Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), que perderá más de 1.000 millones de dólares en fondos federales.
La CPB financia a más de 1.500 estaciones de radio y televisión afiliadas en todo el país, incluyendo las reconocidas NPR (Radio Pública Nacional) y PBS (Servicio Público de Radiodifusión).
Un golpe directo a la información y la educación pública
Este recorte amenaza directamente la viabilidad de numerosas emisoras, especialmente las situadas en zonas rurales o comunidades con menor densidad de población. Según un análisis de Public Media Company, más de 100 pequeñas estaciones podrían verse obligadas a cerrar si los recortes entran en vigor.
La consejera delegada de la CPB, Patricia Harrison, ha advertido que esta medida afectará a millones de ciudadanos:
“Los padres tendrán menos acceso a recursos educativos de calidad para sus hijos, y muchos estadounidenses dispondrán de menos información confiable sobre sus comunidades, el país y el mundo”.
Por su parte, la presidenta de PBS, Paula Kerger, considera que la decisión del Congreso va “en contra de la voluntad de los estadounidenses” y tendrá un impacto devastador en las estaciones locales, muchas de las cuales ofrecen programación única y alertas de emergencia de manera gratuita.
Seguridad pública en riesgo
Más allá del acceso a contenidos culturales o educativos, tanto PBS como NPR subrayan su papel fundamental en la transmisión de alertas de emergencia relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos, incendios, inundaciones o crisis sanitarias. La pérdida de cobertura de estas emisoras podría suponer un grave riesgo para la seguridad de millones de personas.
Mientras la administración Trump defiende la austeridad presupuestaria, el impacto de estas decisiones pone en entredicho el equilibrio entre ahorro público y el derecho ciudadano a la información, la educación y la seguridad.
