Un 1,5% de la población española se beneficiará de esta solución, principalmente zonas dispersas y aisladas en las que no es viable económicamente proporcionar cobertura terrestre de TDT.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones destacando entre varios acuerdos, la instauración de la plataforma satelital como la solución tecnológica “más adecuada” para cubrir el acceso total de la población española a la TDT en las zonas en las que no llegará por vía terrestre.
El texto también añade que los operadores de TDT de ámbito estatal tendrán la obligación de poner conjuntamente sus canales a disposición de, al menos, un mismo distribuidor de servicios por satélite. Esta disposición se enmarca en el acceso de los ciudadanos a la televisión digital en zonas sin cobertura en el ámbito estatal.
Por otra parte, se suprimirá el actual tope del 5% como máxima participación entre los operadores de televisión, según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al consejo.
Por el contrario, este documento establecerá una “barrera” del 27% de audiencia media en el caso de participaciones simultáneas, al tiempo que solicita la garantía de la existencia en el sector de al menos tres operadores privados de ámbito estatal con dirección editorial distinta.
Además, establece que una misma sociedad o persona física no podrá tener derechos de uso del espacio radioeléctrico superiores a la capacidad técnica de dos múltiplex –que permiten emitir cada uno un total de cuatro canales –de cobertura estatal y uno de cobertura autonómica.
Respecto a las televisiones públicas, el Real Decreto indica que el Estado no podrá adjudicar más del 25% del espacio disponible a los operadores en el ámbito estatal. En las comunidades autónomas y locales, este límite aumentará hasta el 50%. Esta medida contempla además un límite para las participaciones en operadores españoles de empresas y particulares que no sean miembros del espacio económico europeo. En este sentido, estos inversores estarán sujetos al principio de reciprocidad, aunque no se aplicará con carácter retroactivo.