Las cadenas privadas españolas en abierto deberán facilitar su señal a las plataformas que emiten tanto por cable como por satélite, pero tras una previa negociación, mientras que las públicas, estatal y autonómicas.
Esta es una de las modificaciones que ha sufrido el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual en su trámite en el Pleno del Senado, después de que el grupo socialista pactara con otros grupos parlamentarios un total de 11 enmiendas transaccionales.
En el artículo 31.3 del proyecto de ley se recogía que todas las cadenas, públicas y privadas, deberían ceder su señal al satélite y al cable, “con el objeto de garantizar el mantenimiento del pluralismo audiovisual”, sin contraprestación económica entre las partes, que es lo que ha sido modificado.
Otra enmienda transaccional pactada por el PSOE con el grupo de IU-Els Verds, recoge la garantía de la producción propia en los canales públicos y el mantenimiento y conservación de un archivo de imágenes, tanto en las cadenas públicas como privadas.
Pedro Agramunt, senador del grupo popular, anunció que aunque su grupo está en desacuerdo con el contenido de la ley, sí esta a favor de la existencia de una ley Audiovisual, por lo que se ha abstenido en casi todas las votaciones.
El portavoz popular ha insistido en su rechazo a la creación de un Consejo de lo Audiovisual, que significa más gastos presupuestarios, y que sus funciones las asuma la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y ha criticado que este Consejo tenga la capacidad de retirar licencias ante hechos graves, “cuando eso tienen que juzgarlo los tribunales”.