Canal+, fundado en 1989, cuenta con más de 1,66 millones de clientes, y un ingreso medio por abonado al mes de 43,5 euros. A cierre de 2013 los ingresos de Canal+ ascendieron a 1.166 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 28 millones. De acuerdo con los últimos datos de la CNMC de cierre de 2013, en España existían 3,77 millones de abonados a la televisión de pago, de los cuales 1,6 millones son usuarios de Canal+, 789.895 son usuarios de Ono y 670.525 son de Telefónica.
A este respecto, los principales rivales de Telefónica (Vodafone y Orange) se han mostrado críticos con la posibilidad de que su competidor refuerce su posición en Canal+, ya que, en su opinión, esto acentuaría la concentración que existe en el mercado, y han instado a los organismos reguladores a que prohíban la operación o que se impongan condiciones que garanticen que la competencia del mercado de telecomunicaciones no se vea afectada.
Telefónica pide a Bruselas que sea la CNMC la que analice la compra de Canal+
Telefónica ha pedido a la Comisión Europea que el análisis de la compra de Canal+ lo lleve a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la notificación.
Así, la multinacional presidida por César Alierta, que comunicó a finales de la pasada semana a Bruselas la operación de compra de Canal+, ha acompañado la notificación de un escrito en donde se explican las razones por las que considera que la operación se debe tramitar en España, en concreto, desde la sala de Competencia de la CNMC. Telefónica formalizó a principios de julio con Mediaset un acuerdo para comprarle su participación del 22% en Canal+ por 295 millones de euros y unos variables de hasta 70 millones de euros adicionales.
Una vez aceptada la oferta por parte de Mediaset y siempre que los reguladores dieran ‘luz verde’ a la concentración, Telefónica, que ya cerró una oferta por el 56% de Canal+ en manos de Prisa por 750 millones de euros, controlaría la totalidad de la plataforma de televisión de pago. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, trasladó recientemente su deseo de que el análisis de dicha operación recayera sobre el organismo regulador español. Así, para Marín Quemada, si bien es una operación que por cifra de negocio corresponde al ámbito comunitario, debido a los mercados implicados, se debería resolver desde España.
El máximo responsable del organismo regulador precisó entonces que la forma más rápida de que Bruselas cediera un asunto de esta envergadura a un país miembro es que alguno de los agentes implicados en la operación lo demandase. Otra fórmula es que lo pidiera la propia CNMC, pero esta opción requeriría más tiempo. Para Marín Quemada si se tratase de una operación que afectase de forma «estricta» al sector de la telefonía habría menos posibilidades de que esto ocurriera pero esta adquisición afectar además al ámbito audiovisual y repercutirá en las futuras ofertas paquetizadas cada vez más demandadas por los usuarios.
