Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo para solicitar la suspensión cautelar del Real Decreto que regula el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de septiembre y que «obliga a las comunidades a suprimir completamente un canal múltiple autonómico de TDT».
Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Manuel Jimémez Barrios, a través de un comunicado en el que recuerda que la Junta solicitó «en reiteradas ocasiones» al Ministerio de Industria su participación y colaboración en la tramitación de este Real Decreto que finalmente el Gobierno ha aprobado «sin reunirse directamente con las autonomías, ignorando con ello la participación de la Junta y sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones realizadas desde Andalucía».
En su opinión, las decisiones previstas en el Real Decreto recién aprobado «afectan a la distribución de competencias entre el Estado y Andalucía y contiene medidas que afectan grave y directamente a las competencias de la comunidad en materia de comunicación social».
En este sentido, lamenta que una de las medidas contempladas en el Decreto sea la eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT, lo que, a su juicio, supone «una intromisión competencial en el ámbito audiovisual andaluz» que además «limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria e hipoteca las posibilidades tecnológicas futuras referidas a las emisiones en alta definición».
«Trato discriminatorio» frente a Cataluña
Junto a ello, Jiménez Barrios critica que esta supresión supone además un «tratamiento discriminatorio para Andalucía ya que, a pesar de que el Real Decreto limita a un solo canal autonómico para todas las comunidades autónomas, permite que Cataluña pueda disponer de dos». En lo que a coste económico se refiere, el consejero censura que el Ministerio de Industria «no asume las obligaciones previstas en la Ley de Economía Sostenible de financiar el coste que supone a los ayuntamientos las adaptaciones de los centros de TDT que forman parte de la extensión de cobertura, como consecuencia de la liberación del dividendo digital».
Finalmente, la Junta lamenta que, «en paralelo a la aprobación del Real Decreto, el Ministerio de Industria ha anunciado ayudas a la ciudadanía para la adaptación de las antenas colectivas como consecuencia de la implantación del dividendo digital, sin que hasta la fecha se sepa exactamente en qué consisten, ni qué procedimiento ni qué criterios se tendrán en cuenta para su concesión, creando una situación de desconcierto e incertidumbre tanto para los ciudadanos como para los instaladores de telecomunicaciones».
EP
