El apagón de las emisiones de Radiotelevisión Valenciana (Canal 9) cumplirá el próximo sábado un año, periodo durante el que ha empezado el proceso de liquidación y en el que en los últimos días el Consell ha sorprendido al anunciar que estaría dispuesto a hablar de una nueva televisión pública.
A las 12.19 horas del 29 de noviembre se cumplirá el primer aniversario del abrupto fundido a negro de las emisiones de RTVV, la primera y hasta el momento única televisión pública de España en echar el cierre, que ha dejado además a la Comunitat Valenciana como la única autonomía con lengua propia sin televisión autonómica.
El hueco de RTVV no se ha cubierto, pues aún no ha fructificado el acuerdo del Consell con TVE para aumentar las desconexiones en la Comunitat, mientras que la Diputación de Valencia ha sacado a concurso por 3,2 millones de euros una televisión provincial, cuyo adjudicatario deberá tener una licencia de cobertura autonómica.
El Gobierno valenciano tardó veinticuatro días en ejecutar el cierre tras anunciarlo -justificado por la imposibilidad de atender el gasto de readmitir a un millar de trabajadores tras la anulación del ERE-, y ha tardado 359 días en abrir la puerta a poder contar con una nueva televisión pública cuando «la economía lo permita».
El president de la Generalitat, Alberto Fabra, sostiene que el cierre de RTVV ha sido la decisión «más difícil» de su mandato, pero asegura que no se arrepiente y que la volvería a tomar, porque «no había ninguna otra alternativa».
No obstante, el Gobierno valenciano defiende ahora que los valencianos «merecen» una radio y una televisión públicas cuando la economía mejore «en los próximos años», postura anunciada al hilo de la iniciativa legislativa popular presentada en Les Corts refrendada por 90.000 ciudadanos que piden una nueva RTVV.
En el ámbito judicial, el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse sobre el cierre tras un recurso del PSOE y en la Audiencia Nacional hay una demanda colectiva de CGT contra el ERE de extinción, mientras que en paralelo un juzgado de Paterna ha imputado este año a varios exdirectivos de RTVV por su gestión.
En el ámbito laboral, los 1.630 trabajadores siguieron en nómina hasta mayo, cuando se ejecutaron los despidos tras el acuerdo alcanzado en marzo entre la empresa y el comité de empresa para la extinción de los contratos. Actualmente, unos 80 acuden a diario a trabajar en las labores de liquidación.
El 30 de junio de 2015 debería estar concluido el proceso de liquidación y extinción, según se fijó en el acuerdo, pero los tres liquidadores nombrados por el Consell ya han alertado de que la extinción jurídica se prolongará más allá, por los procesos judiciales abiertos.
Además, aún no se ha podido liquidar el ente RTVV -al que sustituyó en 2013 la nueva RTVV SAU-, debido a que los bancos alemanes no han accedido a que la Generalitat se subrogue la deuda pendiente.
En el ámbito económico, el Consell ha cifrado el coste del cierre en 144,1 millones de euros, cantidad que es elevada hasta los 200 millones por la oposición, que critica además que en los Presupuestos autonómicos para 2015 se han consignado 90 millones de euros para una televisión cerrada.
Respecto a las instalaciones, se han desmantelado ya los centros de RTVV en Madrid y en Castellón, y la radio en Valencia, mientras que las 250.000 cintas del archivo audiovisual siguen custodiadas en el Centro de Producción y Programas de Burjassot a la espera de decidir la ubicación final, que podría ser esa si no se vende el edificio, ubicado en suelo dotacional y tasado en 32 millones.
La red de repetidores sigue activa para los servicios de emergencias y dos cadenas privadas de televisión -de hecho las emisiones de RTVV no están cortadas, sino que emite en negro-, con la intención de que el Consell asuma su titularidad una vez liquidada.
En el ámbito político, la oposición sostiene que reabrirá RTVV cuando gobierne y contribuirá así a recuperar un sector audiovisual valenciano que ha quedado «desmantelado», y no faltan dirigentes del PP que afirman en privado que fue un error cerrar la cadena y que la decisión tendrá un alto coste electoral, según la agencia Efe.
