Los administradores de fincas o los presidentes de cada comunidad de propietarios, tienen por delante un farragoso proceso para recibir la ayuda del Gobierno para facilitar el proceso de adaptación de las antenas de TDT al dividendo digital. Esa complejidad burocrática logrará que muchas de las ayudas quedarán sin tramitarse, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.
En total, el Gobierno presupuestó 286 millones de euros, y los expertos consultados ya anticipan que se contarán por miles las solicitudes de ayudas que no se presentarán debido a las trabas administrativas y técnicas.
Según se desprende del Real Decreto del pasado 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de TDT en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital, «las ayudas revestirán la forma de subvenciones y su concesión se realizará de conformidad a la a Ley General de Subvenciones».
Por lo tanto, entre otras tareas, los representantes legales de cada comunidad de viviendas tienen que desagregar la ayuda entre todos los vecinos, tal y como exige la Ley General de Subvenciones. Además, cada beneficiario está obligado a presentar las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Prescindir de la ayuda
En el caso de que el Gobierno mantenga el actual proceso administrativo relacionado con las subvenciones, sin simplificarlo a través de una simplificación de requisitos, «muchos beneficiarios preferirán prescindir de dicha ayuda con tal de no presentar su declaración de la renta al administrador o presidente o representante de cada comunidad de propietarios», según explican las fuentes consultadas por este periódico.
A modo de ejemplo, los costes unitarios para una comunidad de propietarios que no requieran de instalación de equipamiento adicional (con centralita programable) alcanzarán los 100 euros. Si en ese edificio existen 20 viviendas, el importe de la ayuda por vecino sería de cinco euros. Con semejante importe, todo apunta a que muchos de los beneficiarios preferirán renunciar a la ayuda y desentenderse de tener que declarar la ayuda en sus declaraciones de la renta, según informa El Economista.