El Parlamento griego ha regulado el sistema de adjudicación de frecuencias televisivas, después de que durante 26 años las cadenas privadas hayan funcionado con licencias caducadas y sin pagar por los costes de emisión.
La Cámara ha aprobado esta ley únicamente con el apoyo de la coalición gobernante, la izquierdista Syriza y los nacionalistas de derechas Griegos Independientes, ya que toda la oposición votó en contra con excepción del Partido Comunista, cuyos miembros no estuvieron presentes.
En Grecia, hay una decena de televisiones privadas nacionales, cuya mayoría está endeudada con el Estado, la Seguridad Social y los bancos. Esos medios han aprovechado las lagunas jurídicas y la complacencia de los sucesivos gobiernos de izquierdas y de derechas.
La reforma prevé que las empresas endeudadas con Hacienda o adjudicatarias de grandes contratos públicos no puedan comprar licencias audiovisuales.
La oposición derechista votó en contra de la ley, acusando al gobierno de querer controlar los medios.