El Tribunal Supremo ha confirmado que el despido colectivo de los trabajadores de Canal 9 fue «ajustado a derecho» y ha descartado la inconstitucionalidad de la ley que decretó el cierre de la televisión autonómica valenciana.
Con esta decisión de desestimar los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, el alto tribunal allana el camino al Govern para crear un nuevo canal valenciano, ya que los altos costes en indemnizaciones de una eventual sentencia contraria al ente público habría hecho inviable el nuevo proyecto.
Los magistrados concluyen que la ley aprobada en el 2013 para clausurar el canal es «compatible con la Constitución», por lo que entienden que no debe plantearse la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, consideran que el despido de los trabajadores se ha basado en la extinción de la Radiotelevisión Valenciana y en su «deficiente situación económica negativa», lo que, a su juicio, «aleja la sombra del fraude y constituye causa válida de despido colectivo».
