El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión de la Comisión Europea por la que ordenó a España recuperar la ayudas estatales concedidas entre 2005 y 2009 a operadores de televisión digital terrestre, la TDT.
Estas ayudas ascendían a 260 millones de euros.
En varias sentencias hechas públicas, el tribunal de Luxemburgo sostiene que el Ejecutivo comunitario dio una «motivación insuficiente» a su tesis.
Se argumenta que las ayudas a las operadoras de TDT para el despliegue de la señal en zonas remotas fueron discriminatorias para empresas que utilizan otras tecnologías de distribución televisiva porque su situación de hecho y de Derecho es comparable.
El tribunal de Luxemburgo sostiene en una sentencia que el Ejecutivo comunitario dio una «motivación insuficiente» a su tesis de que las ayudas a las operadoras de TDT para el despliegue de la señal en zonas remotas dañó a empresas en situación análoga.
La Comisión Europea declaró en junio de 2013, a raíz de una denuncia del operador europeo de satélite SES Astra, que las subvenciones dadas por España a operadoras de TDT eran ilegales e incompatibles con el mercado interior. Bruselas ordenó que se recuperase de sus beneficiarios la ayuda recibida.
España, las comunidades autónomas del País Vasco, de Galicia y de Cataluña y varios operadores de televisión digital terrestre solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulase la orden de la Comisión. En diversas sentencias de 26 de noviembre de 2015, el Tribunal General desestimó todos los recursos y confirmó la decisión de la Comisión.
El Tribunal General consideró, en particular, que las medidas adoptadas por las autoridades españolas no respetaban el principio de neutralidad tecnológica.
El Gobierno español, las comunidades autónomas y los operadores de televisión digital terrestre afectados recurrieron en casación ante el Tribunal de Justicia, solicitando la anulación de las sentencias del Tribunal General.