La Policía Nacional conjuntamente con EUROPOL y EUROJUST han desmantelado un entramado especializado en la distribución ilegal de contenidos audiovisuales a través del sistema IPTV y listas M3U. El mismo daba servicio a más de 2.000.000 de usuarios de todo el mundo.
Los arrestados obtenían de manera legal la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, señal que era después redirigida a su propia estructura de servidores, alojada en varios países de Europa, desde donde era posteriormente redistribuida a sus suscriptores.
Los contenidos ilícitos eran ofrecidos al público a través de internet a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado legal. Ofrecían una amplísima gama de canales, películas, series documentales, etc, contando para ello con su propia página web de soporte al cliente.
El servicio, además, se ofertaba a los denominados reseller o revendedores para, aprovechando la infraestructura técnica de la organización crear su propia marca y servicio ilegal a modo de franquicia.
Alrededor de mil páginas web, localizadas por todo el mundo y dependientes del servicio original, ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales televisión, series y plataformas en su conjunto, habiendo generado unos beneficios de al menos 15.000.000 de euros, sin contar con los ingresos que de manera autónoma pueden haber obtenido cada uno de los reseller.
Asimismo, se han desconectado los 50 servidores que conformaban la red de que disponía la organización, habiendo dejado por tanto sin servicio a los suscriptores.
Controlaba las actividades ilícitas desde su domicilio
Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año a raíz de las denuncias interpuestas por LaLiga, Alliance for Creativity and Entertainment, Nordic Content, NAGRA y la Bundesliga, legítimos titulares de los derechos de los contenidos audiovisuales ofrecidos de forma fraudulenta.
Las investigaciones llevaron a los agentes hasta el presunto responsable de la organización, un ciudadano iraní que residía en Alicante, desde donde operaba junto a varios de sus lugartenientes. Sin embargo, gracias a los enormes beneficios que le reportaban sus actividades se trasladó hasta uno de los barrios más selectos de Barcelona. Desde allí controlaba en remoto desde su propio domicilio la total actividad de la organización, en España y en el extranjero, tanto lo relativo a la infraestructura técnica, como en lo concerniente a las actividades ligadas al blanqueo de capitales.
La organización contaba con ramificaciones en países como República Checa, Suecia, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Rumania, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido y Luxemburgo, países donde contaba con personal de su confianza que se encargaban de supervisar las actividades delictivas de manera local.
Blanqueo en criptovalores y bienes inmuebles
Igualmente sofisticado era el entramado diseñado por la parte de la organización especializada en blanquear los beneficios obtenidos con la actividad delictiva primaria. Para ello remitían el dinero obtenido a pasarelas de pagos o exchanges de criptovalores, así como a la creación de empresas fantasma y la consecuente generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial, para de esta manera justificar el continuo movimiento de dinero que fluía de manera abundante entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros.
Finalmente, los beneficios eran reintroducidos en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, completando de esta manera el ciclo del blanqueo.
Detenciones y registros
La investigación ha culminado con la detención de un total de once personas a los que se les imputa un delito contra la propiedad intelectual, otro delito de defraudación en las comunicaciones, blanqueo de capitales y organización criminal. Los arrestos se han realizado en varios países europeos, concretamente cuatro en España, uno en Alemania, tres en Suecia y tres más en Dinamarca.
Gracias a las actuaciones policiales han sido intervenidos dos vehículos de gama alta valorados en 400.000 euros, una vivienda embargada valorada en 1.700.000 euros, cuatro relojes valorados en 45.000 euros, más de 9.000 euros en efectivo, 2.700.000 euros en criptovalores y 1.100.00 euros bloqueados en diversas cuentas bancarias.