El Tribunal General de la Unión Europea ha fallado en contra de España y de la empresa de telecomunicaciones Cellnex, confirmando una decisión de la UE que exige tanto al gobierno nacional como a las autoridades regionales recuperar 260 millones de euros en fondos públicos concedidos a los operadores de televisión para implementar la TDT en zonas remotas.
Según la Comisión, las subvenciones concedidas entre 2005 y 2008 constituyeron ayudas estatales ilegales.
Durante ese período, España apoyó a los operadores de TDT para ampliar la cobertura a zonas rurales y de difícil acceso.
Pero, tras una denuncia del operador de satélites SES Astra, Bruselas inició una investigación en 2010. En 2013, concluyó que el apoyo financiero para el despliegue, mantenimiento y funcionamiento de la red TDT violaba las normas de la UE sobre ayudas estatales y ordenó a España recuperar los fondos.
Los tribunales europeos ya respaldaron a la Comisión en 2017 en lo que respecta a las ayudas concedidas en el País Vasco, Cataluña y Navarra, aunque eximieron a Galicia.
Esto llevó a la Comisión a reabrir el caso y en 2021 reafirmó su posición: hay que devolver los 260 millones de euros. España y Cellnex apelaron la decisión pero sus esfuerzos ahora han sido rechazados definitivamente.
El gobierno español ha dicho que respeta el fallo del tribunal, pero defendió los subsidios originales como “la mejor decisión” para garantizar que las personas que viven en esas áreas no pierdan el acceso a un servicio público básico como la televisión terrestre.
