Una condena ejemplar contra el IPTV pirata sacude el sector audiovisual español.
La Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto penas de hasta tres años de prisión y el cierre definitivo de varias webs ilegales del grupo Servicio-IPTV, en una resolución que se interpreta como un mensaje directo a quienes hacen negocio con la televisión de pago pirateada.
Prisión efectiva y cierre de Servicio-IPTV
El tribunal ordena el cese total de los servicios servicio-iptv, servicioiptvccam y servicioiptvpremium, al considerar que vulneraban de forma especialmente grave la Ley de Propiedad Intelectual.
Las penas de prisión conllevan ingreso efectivo en la cárcel, sin la opción habitual de suspensión aun en ausencia de antecedentes penales, lo que eleva el listón respecto a casos anteriores de piratería audiovisual.
La sentencia se ha dictado como conformidad: los acusados han reconocido los hechos y han aceptado la pena propuesta por la Fiscalía, lo que ha supuesto una rebaja sustancial, pero también implica renunciar a presentar recurso.
Un negocio ilícito con más de 8.000 canales
La investigación acreditó que el grupo ofrecía listas con acceso a más de 8.000 canales de televisión nacionales e internacionales, distribuidos mediante distintas plataformas online.
El servicio se vendía en diferentes modalidades de suscripción (mensual, trimestral, semestral y anual), con un precio de referencia de 50 euros al año por usuario, a cambio de acceso masivo y fraudulento a señales de televisión de pago.
Las pesquisas, desarrolladas durante meses por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, permitieron desarticular una estructura organizada dedicada a la distribución ilícita de contenido audiovisual y servicios de televisión de pago.
Telefónica y los grandes estudios, personados en la causa
La actuación judicial arrancó con la denuncia de Telefónica, propietaria de contenidos distribuidos a través de Movistar Plus+, a la que posteriormente se sumaron otras empresas del sector.
Entre ellas figuran miembros de ADIVAN (Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional), como Sony Pictures Entertainment Iberia, 20th Century Fox Home Entertainment España o The Walt Disney Company, que se personaron para defender sus derechos.
Además de las penas de prisión, el tribunal fija una indemnización inicial de 80.000 euros a favor de Telefónica, subrayando el impacto económico del fraude y el lucro obtenido por los responsables de la trama.
Un antes y un después en la lucha contra el pirateo
La resolución se interpreta como un punto de inflexión respecto a sentencias anteriores, normalmente asociadas a condenas menores o sanciones sin ingreso en prisión.
En este caso, el juez enfatiza el elevado valor económico de los contenidos pirateados, la dimensión del negocio y la gravedad de la conducta, factores decisivos para endurecer la respuesta penal.
El caso Servicio-IPTV envía una señal clara: la explotación de IPTV pirata deja de ser un “negocio de bajo riesgo” y pasa a estar asociado a penas de cárcel reales y responsabilidades civiles importantes, reforzando la ofensiva del sector audiovisual contra el pirateo en España.
