La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que ultima el Gobierno no deja claro si se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería en Internet de las retransmisiones deportivas.
Los dueños de los derechos audiovisuales y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) reclaman que se establezcan medidas eficaces para perseguir las webs ilegales que enlazan a las emisiones y retransmisiones deportivas, así como a su acceso y redireccionamiento. El próximo miércoles se debatirá la reforma de la LPI en el Congreso, justo después de la final del Mundial de fútbol. Miles de usuarios usan plataformas como Rojadirecta —que ofrece enlaces para ver gratuitamente todos los partidos de competiciones internacionales y nacionales—, para disfrutar de estas emisiones a través de páginas de enlaces no autorizados que lastran la explotación de los derechos televisivos.
Los usuarios no solo acceden en streaming —descarga directa de contenidos en la web— o se bajan sin autorización películas, series, libros, videojuegos, o música, sino que disfrutan del fútbol y otros deportes sin desembolsar un solo euro a las empresas que pagan elevadas sumas por las imágenes. Aunque los derechos audiovisuales de los acontecimientos deportivos están protegidos por la legislación actual, las plataformas irregulares aprovechan los resquicios legales para saltarse la protección.
Las empresas que son titulares de estos contenidos quieren que las reformas que están en marcha ayuden a poner coto a esta lacra social. Los titulares de derechos y productores de contenidos, que no han encontrado apoyo ni en el Gobierno ni en la oposición, han presentado enmiendas a la LPI para reforzar la lucha contra estas actividades que perjudican al sector. Reclaman que las retransmisiones deportivas se incluyan específicamente en el ámbito de protección de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual —organismo dependiente de Cultura que persigue la piratería—, dentro de su artículo 158. Y solo así podrán ser contempladas como posible hoja de ruta en las enmiendas del Código Penal y en las futuras circulares de la Fiscalía.
Sugieren que se incluya en la nueva norma la protección las «prestaciones», término técnico bajo el que se engloban otros objetos protegidos como las grabaciones audiovisuales, las emisiones de los operadores de televisión o los fonogramas. Será necesario aclarar, dicen los operadores, el alcance de este término para que no haya ningún problema de interpretación sobre si abarca la emisión, transmisión y retransmisión de eventos deportivos y si se recoge en la Sección Segunda.
España es uno de los países del mundo que menos respeta la protección de los derechos de propiedad intelectual —figura en el segundo lugar, tras China, en los rankings internacionales de la piratería— y también es uno de los que más fútbol ilegal consume. Fruto de ello es que en 2013 el número de abonados a la televisión de pago bajó casi el 9% respecto al año anterior, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La patronal del fútbol estima que la piratería genera unas pérdidas que rondan los 150 millones al año. Manuel Quintanar, de la LFP, explica que «no es suficiente lo que figura en la norma que está en tramitación. Se puede desaprovechar una oportunidad para que el contenido del fútbol se pueda considerar un derecho afín a la propiedad intelectual». En la misma línea, un portavoz de Mediapro, que explota los derechos de la Liga, afirma: «Los titulares de los derechos pirateados se han encontrado con todo tipo de obstáculos para perseguir este fenómeno como, por ejemplo, la imposibilidad de identificar a los infractores». Quintanar añade: «Hemos pedido que se legitime a la LFP para promover los procedimientos para poder defender los derechos del fútbol».
El País
