La TDT en SD es historia desde el pasado 14 de febrero y a fecha de hoy todavía son muchos los hogares que todavía no han realizado la migración. Son sobretodo residencias situadas en zonas rurales que no tienen otra forma que acceder a la señal de televisión por satélite.
Ante esta situación se ofrecen ayudas económicas en los casos concretos y nos fijamos en una comunidad autónoma aunque es extrapolable al resto del país. Este es el caso de las subvenciones pueden alcanzar hasta los 400 euros por vivienda y están destinadas a los residentes de determinadas zonas de Castilla y León que utilizan el servicio de televisión digital vía satélite.
Estas ayudas cubren los gastos asociados tanto a la adquisición de nuevos decodificadores como a la instalación, en caso necesario, de la antena parabólica y el cableado requerido para recibir la señal en formato de alta calidad (HD). Los gastos deben haberse realizado entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024.
Para optar a estas ayudas, compatibles con cualquier otra destinada a este fin, es imprescindible que la compra o contratación se realice a través de un distribuidor autorizado, cuyo listado está disponible en el portal nacional www.sattdt.es. Esto garantiza que las instalaciones se lleven a cabo en áreas con deficiencias de cobertura de TDT y que los receptores estén homologados por la plataforma nacional, previamente validados y activados con su número de serie.
Las solicitudes tienen fecha límite
Las solicitudes pueden presentarse de forma electrónica hasta el 30 de junio de 2024, acompañadas del NIF/NIE vigente, certificado de empadronamiento (si la administración no puede obtenerlo directamente), factura y documento que acredite el pago.
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León desea resaltar que estas subvenciones se inscriben en el compromiso de la Junta con el medio rural, en respuesta a la falta de atención y diálogo por parte del Gobierno de España hacia nuestra región y nuestros pueblos.
En este sentido, la administración autonómica ha explicado que el Gobierno de España tiene competencias exclusivas en la planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico.
Aún así, la responsabilidad exclusiva de la decisión de finalizar las emisiones en formato estándar (SD) de todos los canales de televisión, no ha respondido a las reclamaciones presentadas formalmente por la Junta de Castilla y León.
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