La Comisión Europea ha dado cuatro meses de plazo al Gobierno de España para que recupere 236 millones de euros de subvenciones que considera ilegales y que se concedieron en 2005 a operadores de plataformas de televisión digital terrestre para facilitar el despliegue de la TDT en regiones remotas, coincidiendo con el ‘apagón analógico’. El dictamen no afecta a las cadenas de televisión.
La decisión de la Comisión Europea se ha dado a conocer en su versión completa esta semana. En junio, ya declaró ilegales las ayudas por discriminar a otras tecnologías. En esa versión completa, Bruselas fija los plazos en los que el Gobierno tendrá que recuperar esas subvenciones, y cuantifica la cuantía de los fondos que se repartieron, aunque no especifica los operadores que recibieron las ayudas, ya que «España no ha facilitado una información exhaustiva sobre los beneficiarios».
La decisión debe cumplirse en el plazo de cuatro meses, pero dentro de dos España debe presentar la lista de beneficiarios que hayan recibido ayuda en virtud del régimen y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos, una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.
En total, Bruselas reclama a España que recupere 236 millones de euros en subvenciones concedidas para financiar la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España. Abertis y Retevisión fueron los principales beneficiarios directos de las licitaciones, según el dictamen.
La Comisión entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.
Aunque en la decisión no se detallan los beneficiarios últimos, sí que se concreta las subvenciones que se concedieron por comunidades autónomas, encabezando el ránking Cataluña (52,3 millones de euros), Castilla y León (37,7 millones), Aragón (20 millones), Galicia (17 millones), Comunidad Valenciana (16,6 millones) y Andalucía (15 millones de euros).
Le siguen País Vasco (14,7 millones), Asturias (13,7 millones), Extremadura (10 millones), La Rioja (7,9 millones), Cantabria (7,7 millones), Navarra (6,9 millones), Canaria (5,8 millones), Madrid (3,6 millones), Baleares (3,2 millones), Murcia (2,7 millones), Melilla (256.000 euros) y Ceuta (155.786 euros).
A estas regiones abría que añadir Castilla-La Mancha, que Bruselas no incluye en su dictamen, ya que lo está estudiando aparte, porque además de una posible discriminación tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.
A raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite, la Comisión inició en 2010 una investigación detallada sobre el plan español.
El Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. «Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español», ha dicho la Comisión en un comunicado.
EP
