La cadena de televisión más antigua de Grecia, el canal Mega, no podrá participar en la subasta para la concesión de las cuatro licencias de cobertura nacional a causa de sus deudas con los bancos, informó el Gobierno.
En un comunicado, el Ejecutivo señaló que tres de los diez candidatos han sido excluidos de la subasta por incumplimiento con diversas condiciones de la ley, entre ellos la cadena Mega.
Un undécimo candidato, un canal que es propiedad del político derechista griego Yorgos Karatzaferis, había sido eliminado de entrada, por no haber pagado la tasa para participar en la puja de 30.000 euros.
Desde hace meses Mega hace frente a problemas financieros agudos que sus accionistas no consiguieron resolver.
Los bancos, con los cuales Mega tiene deudas por valor de unos 116 millones de euros, han exigido un incremento de capital, que los accionistas no han conseguido llevar a cabo.
Además, Mega no ha pagado salarios a sus alrededor 400 trabajadores desde el mes de marzo, lo que ha llevado a numerosas protestas de su plantilla.
En un comunicado tras quedar excluida de la subasta, Mega se preguntó si la exclusión de la única cadena privada que existe ya desde hace 27 años de existencia y la única televisión privada presente en la Bolsa de Atenas obedece a un «error» o, por el contrario, es un «cálculo político».
Mega es una cadena extremadamente crítica hacia Syriza, desde que este partido fue la mayor fuerza de la oposición en 2012.
Inició sus emisiones el 20 de noviembre de 1989 y hasta los últimos años era la cadena con mayor número de telespectadores.
Los principales accionistas de Mega son el grupo Dol (el más antiguo grupo de medios griego, que también se encuentra en dificultades financieras); el grupo de medios Pegasus, que pertenece a la familia Bóbolas, propietaria del mayor grupo griego de construcción; y la familia Vardinoyanis, armadores y propietarios de refinerías.
Los tres candidatos eliminados tienen un plazo de quince días para presentar recurso contra su exclusión.
Las subastas de las cuatro licencias por un periodo de diez años para canales digitales terrestres de cobertura nacional y con programa informativo tendrán lugar entre el 12 y el 17 de agosto.
El precio de salida fue establecido en 3 millones de euros para cada licencia en base a las recomendaciones de la consultora Deloitte, que ha tenido en cuenta la situación financiera griega e internacional, las perspectivas y las particularidades de los sectores de publicidad y televisión, así como el marco legislativo existente.
Con esta subasta, el Gobierno de Alexis Tsipras pretende poner fin a 26 años en los que las televisiones privadas habían funcionado con licencias caducadas y sin pagar por los costes de emisión.
En octubre de 2015, el Parlamento aprobó la ley necesaria para regular esta cuestión.
La reforma desencadenó fuertes protestas no solo entre las actuales cadenas privadas sino también entre la mayoría de los partidos de la oposición.
Las protestas se dirigieron contra la decisión de que sea el Gobierno el que decida sobre el número de licencias que se adjudican.
La oposición exigía que esta potestad estuviera en manos del Consejo Nacional de Radiotelevisión (CNRT), cuyos miembros son nombrados por la presidencia del Parlamento y los jefes de los grupos parlamentarios con un mínimo de respaldo del 80 % de los votos.
