Lo ha planteado la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC) al Gobierno español. En concreto se pide que las empresas que gestionan las telecomunicaciones en España puedan limitar la velocidad de acceso a aquellas webs denunciadas por piratería y sobre las que los tribunales consideren que existan indicios fundados de esta conducta.
Es una medida que podría aplicarse de forma cautelar y que podría ser utilizada de inmediato por los tribunales de justicia, que hoy únicamente utilizan las órdenes de prohibición total de conexión a las webs piratas.
Restringir la velocidad de acceso tiene un efecto disuasorio frente a la visualización de películas en streaming o de retransmisiones en directo, grandes consumidoras de ancho de banda, además de ralentizar las descargas.
Supondría una alternativa viable a la del cierre de la web en aquellos casos en que, al incluir otro tipo de contenidos como por ejemplo de tipo informativo, los jueces consideren inviable impedir por completo la conexión. “Es una medida menos severa pero igualmente efectiva para evitar el acceso ilícito a los contenidos ilícitos”, según el presidente de AOTEC, Antonio García Vidal.
Los operadores locales de telecomunicaciones facilitan servicios de telefonía móvil y fija, con voz, datos y también conexiones de banda ancha en las que se añaden además contenidos audiovisuales, por lo que se ven directamente afectados por las descargas o visualizaciones online ilícitas.
La piratería se ha incrementado exponencialmente y en 2016 se han producido 4.128 millones de accesos ilegales a contenidos objeto de propiedad intelectual por valor de 23.294 millones de euros. Son datos del observatorio de la piratería elaborado por la Coalición de creadores e industrias de contenidos. Una cantidad similar a algo más de un 2% del PIB de España de ese mismo año.
