La Policía Nacional ha detenido en España a cinco personas en una operación europea contra el pirateo de televisión por Internet. Formaban parte de la que se conocía como la banda del «Movistar pirata». Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia de la Premier League británica de fútbol.
En esta operación han intervenido agentes de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, debido a que la red tenía amplias ramificaciones.
Así, la trama también tenía derivaciones en Letonia, Países Bajos y Chipre. Al mismo tiempo, tras la red ilegal había empresas domiciliadas en España, aunque se hacía en Gibraltar el pago de las suscripciones ilegales a la televisión de pago.
La operación ha permitido localizar 11 instalaciones donde se pirateaba televisión a través del sistema IPTV (Internet Protocol Television). Estaban situadas en viviendas o locales donde había servidores que distribuían ilegalmente la señal por todo el mundo.
En esta operación se han realizado 14 registros simultáneos, ocho de ellos en España, y se ha detenido a un total de cinco personas acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la propiedad intelectual, defraudación al fluido de las telecomunicaciones y blanqueo de capitales.
Acceso al visionado de 800 canales de televisión
La investigación se inició a finales de 2015, tras la denuncia presentada por la Premier League por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga, ofreciendo suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales internacionales de acceso condicional.
Tras la denuncia, los investigadores constataron la gran envergadura de la ilícita actividad al comercializar, presuntamente, servicios de abono a suscripciones de IPTV, Estos abonos permitían el acceso al visionado de más de 800 canales de televisión, a un repositorio de obras audiovisuales protegidas y a un listado de emisoras de radios extranjeras.
Además, se comprobó la existencia de una decena de suscripciones categorizadas principalmente por el país de origen de los canales, lo que implicaba que la infraestructura necesaria para la interceptación y distribución debía de ser de especial relevancia. El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma y oscilaba de los 40 euros mensuales a los 460.
Los agentes también pudieron comprobar de que a la página web denunciada había asociados varios perfiles en redes sociales, promocionando sus servicios para obtener mayor clientela. Además, la investigación permitió averiguar que no solo se estaba cometiendo el delito a través de la página denunciada, sino que existía cerca de una veintena de ellas.
