El Consejo de Estado español considera que el real decreto regulador del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) tendría que haber incluido regulación sobre TDT de alta definición (HD) y Ultra Alta Definición (4K), así como sobre servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro.
Es la apreciación que hace el órgano consultivo, aunque avala el texto que el Consejo de Ministros acordó tramitar con carácter de urgencia el pasado marzo. Ese decreto facilita que se pueda liberar para los servicios de telefonía 5G la banda del espectro radioeléctrico de 700 Mhz que ahora ocupa la TDT.
Según el dictamen al que ha tenido acceso Servimedia, el proyecto “logra armonizar dos objetivos que, en principio, podrían parecer contrapuestos; por un lado se libera el ancho de banda necesario para permitir el despliegue de la red de comunicaciones electrónicas de quinta generación, que precisa de frecuencias más altas para su correcto funcionamiento, y, por otro, se consigue que la liberación de toda una banda de frecuencias se haga sin detrimento del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre, que mantiene su oferta actual de canales y múltiples digitales”.
El Consejo asegura que el proyecto que le ha sometido a consulta el Gobierno “cumple con todas las exigencias” de la disposición de la UE sobre la liberación de frecuencias para el 5G antes de junio de 2020. “Además, incorpora mejoras en los estándares de emisión y fomenta la innovación, abriéndose a la evolución tecnológica”, añade el informe.
Objeciones leves
El Consejo de Estado solo plantea objeciones leves como la ya comentada falta de regulación de la alta definición y la Ultra Alta Definición. También echa en falta que la memoria de impacto normativo no haga referencia a las ayudas públicas destinadas a compensar a las comunidades de vecinos por la reantenización de los edificios, aunque el Gobierno se remita para ello al decreto específico de subvenciones para este fin que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 21 de junio, con una dotación de 150 millones de euros.
El dictamen también cree que el decreto tendría que haber incluido regulación sobre servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro.
