La Liga ha informado que ha obtenido más de mil condenas contra hoteles, bares y restaurantes que se han involucrado en la piratería del fútbol.
Esta cifra, que se traduce en un fallo favorable cada dos días, se atribuye a un cambio de estrategia que LaLiga implementó en enero de 2019, cuando comienza a denunciar vía penal a los infractores sospechosos de piratería, como forma de combatir un problema. Esto supone unas pérdidas anuales de unos 600 millones de euros para los clubes de fútbol españoles.
Se estima que en España hay 170.000 establecimientos potenciales abonados al fútbol, de los cuales aproximadamente 50.000 estaban suscritos al canal HORECA de La Liga en la temporada 2023/24.
Esta pasada temporada, los investigadores de LaLiga han podido identificar al menos 15.000 establecimientos que utilizan retransmisiones ilegales, cometiendo no sólo un delito contra la propiedad intelectual de los clubes, sino también incurriendo en competencia desleal contra establecimientos que sí cumplen la ley.
El efecto judicial es, por tanto, doble: contra el fútbol y contra el sector de la hostelería en España, lo que supone unas pérdidas de casi 35 millones de euros al año.
En cuanto a las sanciones, los infractores condenados pagan una media de unos 1.000 euros entre la multa y el pago de la responsabilidad civil. Continuar con la infraestructura conllevaría penas progresivamente mayores por reincidencia y por tener antecedentes penales.
El número de condenas sigue aumentando, dado que actualmente hay 295 casos en la fase previa al juicio y otros 133 pendientes de juicio, y el 86 por el cielo de los casos que van a juicio terminan en una condena.
Sólo la pasada temporada (2023/24) se iniciaron procesos judiciales directamente contra otros 738 establecimientos públicos sin necesidad de presentar denuncia policial, gracias a la labor de investigación llevada a cabo por los inspectores de La Liga que documentaron personalmente los casos de piratería.
Fuera de España
La actividad de La Liga traspasa las fronteras de España ya que ha interpuesto más de 20 demandas judiciales también en el Principado de Andorra.
La acción legal es esencial. La Liga asegura que tiene el equipo, la tecnología y la experiencia para abordar este problema, pero se necesitan herramientas legales para bloquear contenido rápidamente durante los partidos, en lugar de que finalice el evento en directo.