Las principales plataformas de streaming vascas analizadas apenas cumplen de forma parcial la normativa audiovisual y digital que les aplica, y ninguna llega al 100% de adecuación legal.
Además, mantienen errores básicos en aspectos fiscales, de cookies y protección frente a la piratería que pueden acarrear sanciones importantes.
Falta de cumplimiento normativo
El informe “Plataformas de streaming de Euskadi: ¿Cumplen la normativa audiovisual?”, elaborado por la consultora especializada AVC Audiovisual Compliance, toma como referencia diez servicios OTT vascos: Canal Guggenheim Bilbao, ETB On, Euskal Kirola Telebista, Filmoteca Vasca, Gookapi, GUAU, INGURA, irun.market OTT, Makusi y Primeran.
La radiografía que ofrece es clara: la observancia de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) es sólo parcial y, en algunos casos, claramente insuficiente.
Según este análisis, ninguna de las plataformas estudiadas alcanza un cumplimiento del 100% de la LGCA, pese a tratarse de la norma marco que regula la actividad de los servicios de comunicación audiovisual en España.
En los casos en que la Ley del Cine resulta aplicable, su cumplimiento es directamente inexistente, lo que deja fuera de juego obligaciones específicas sobre promoción y catalogación de obra cinematográfica.
LSSI, avisos legales y CIF
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) no es una norma exclusivamente audiovisual, pero impacta de lleno en las webs y en la forma en que informan al usuario.
Ninguna de las diez plataformas analizadas respeta íntegramente las exigencias de la LSSI, especialmente en lo relativo a información del prestador del servicio y transparencia en la identificación.
Un ejemplo llamativo es el uso persistente del término CIF en los avisos legales, pese a que desapareció en 2008 y fue sustituido por el NIF también para personas jurídicas, en virtud del Real Decreto 1065/2007.
Este detalle, que puede parecer menor, refleja una actualización normativa deficiente y transmite una imagen poco profesional de cara al usuario y a la administración.
Cookies y protección de datos
El informe también detecta que nueve de las diez plataformas no se ajustan a los requisitos actuales del aviso de cookies, ya sea por banners incompletos, falta de opciones reales de configuración o ausencia de información clara sobre las finalidades.
De hecho, una de ellas ni siquiera muestra aviso de cookies, lo que supone un incumplimiento frontal de los criterios de consentimiento informado exigidos por la normativa europea y española.
Esta mala implementación de las cookies se suma a carencias en transparencia y control sobre el tratamiento de datos del usuario, un aspecto clave tanto para la confianza del público como para evitar sanciones por parte de las autoridades competentes.
Aunque el foco del informe no es estrictamente la protección de datos, la gestión de cookies actúa como termómetro de la madurez legal de cada plataforma.
Piratería y seguridad de contenidos
Otro de los puntos débiles detectados es la protección antipiratería, donde las plataformas analizadas ofrecen una defensa muy limitada de sus contenidos.
En muchos casos, los vídeos pueden descargarse con relativa facilidad mediante herramientas comunes, lo que abre la puerta a redistribuciones ilícitas y a un claro perjuicio económico para titulares y productores.
Esta falta de medidas técnicas adecuadas (DRM, tokenización de URLs, limitaciones de descarga o marcas de agua, entre otras) contrasta con el nivel de protección que ya aplican los grandes servicios internacionales de vídeo bajo demanda.
Para un ecosistema audiovisual que pretende crecer en suscriptores, confianza y financiación pública o privada, proteger el catálogo debería ser una prioridad estratégica, no un detalle accesorio.
Un reflejo del panorama estatal
Lo que ocurre en Euskadi no es una excepción, sino un espejo del panorama estatal: más del 99% de las plataformas audiovisuales españolas, públicas y privadas, no cumplen al completo la normativa vigente.
El resultado es un escenario en el que la protección de menores, la accesibilidad, la información al usuario y la seguridad jurídica quedan en segundo plano frente al despliegue técnico de las plataformas.
A pesar del riesgo de sanciones económicas relevantes —las multas por infracciones graves y muy graves en materia audiovisual pueden ascender a cientos de miles de euros—, ninguna de las plataformas vascas examinadas logra un cumplimiento total.
Para avanzar hacia un entorno audiovisual más responsable y sostenible, será imprescindible que estos servicios incorporen auditorías especializadas y adopten sellos de calidad de cumplimiento normativo que certifiquen su adecuación a la ley.
