La ofensiva contra la piratería audiovisual entra en una nueva fase. LaLiga ha iniciado acciones legales contra 2.000 personas acusadas de ver partidos de forma ilegal y les reclama 262 euros a cada una tras una resolución judicial que abre la puerta a identificar a los presuntos infractores.
La medida supone un salto cualitativo en la estrategia antipiratería del organismo deportivo, que hasta ahora se había centrado principalmente en perseguir plataformas y distribuidores.
Según estimaciones internas, el número de reclamaciones podría superar las 8.000 antes de que finalice la actual temporada.
Todo parte de un auto del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba, que autorizó la identificación de usuarios supuestamente conectados a servicios ilegales para ver encuentros de la Primera División. Esta decisión permitió acceder a datos que, según la organización, sirven como base para exigir compensaciones económicas directas.
LaLiga defiende que la cifra de 262 euros por persona responde a una estimación de daños derivados del consumo no autorizado de retransmisiones protegidas.
Más allá del aspecto económico, la entidad insiste en que el objetivo principal es disuasorio: lanzar un aviso claro de que ver fútbol pirata puede tener consecuencias legales reales para el espectador final, no solo para quienes lo distribuyen.
El movimiento marca un precedente relevante en España, ya que sitúa por primera vez a miles de usuarios individuales en el punto de mira judicial dentro de la lucha contra la piratería deportiva.
