La CNMC ha sancionado a Telefónica Audiovisual Digital, filial de Telefónica y responsable de Movistar Plus+, con 209.250 euros por incumplir de forma continuada las obligaciones de accesibilidad en el canal de pago M+ LaLiga TV.
La sanción inicial ascendía a 348.750 euros, pero se redujo un 40% después de que la compañía reconociera su responsabilidad y abonara voluntariamente la cantidad dentro del plazo establecido.
La infracción se produjo entre el 1 de enero de 2024 y el 29 de junio de 2025. Durante esos 18 meses, el canal prácticamente no incorporó herramientas destinadas a facilitar el acceso a sus contenidos a personas con discapacidad.
Según la resolución de la CNMC, M+ LaLiga TV no emitió ningún programa con audiodescripción ni lengua de signos durante el periodo analizado. Tampoco ofreció subtítulos, salvo en enero de 2025, cuando alcanzó 68 horas, apenas un 9,46% de la programación mensual.
La legislación audiovisual establece para los canales de televisión de pago unos mínimos de accesibilidad, entre ellos un 30% de programación subtitulada, además de horas de audiodescripción y la incorporación progresiva de la lengua de signos.
La CNMC rechaza las alegaciones de Telefónica
La investigación comenzó después de que un informe técnico detectara en noviembre de 2023 una ausencia total de medidas de accesibilidad en una muestra de 168 horas de emisión de M+ LaLiga TV.
Telefónica alegó, entre otras cuestiones, las dificultades técnicas para incorporar subtitulado en retransmisiones deportivas en directo y recordó que sus servicios bajo demanda presentan niveles de accesibilidad muy superiores.
Sin embargo, la CNMC considera que estas circunstancias no eximen del cumplimiento de la normativa y señala que el canal también emite redifusiones, programas de análisis y contenidos grabados, en los que la incorporación de subtítulos resulta técnicamente más sencilla.
La compañía comenzó a realizar pruebas para mejorar la accesibilidad del canal en octubre de 2025.
Tras reconocer la infracción y acogerse a las reducciones previstas en la normativa, Telefónica abonó finalmente los 209.250 euros. La resolución pone fin al procedimiento administrativo, aunque todavía puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional.