La cadena de televisión privada venezolana Globovisión ha denunciado que el Gobierno del presidente Hugo Chávez la sentenció «a muerte» al no incluirla entre los canales que desde ahora transmiten a través de la Televisión Digital Terrestre en abierto (TDT).
Además de la señal en modo analógico, las principales ciudades venezolanas empezaron a recibir gratuitamente las emisiones de once canales en formato digital, entre ellos el conjunto de medios estatales y los canales privados Venevisión, Televen y Meridiano, al comenzar este 20 de febrero el período de pruebas de la Televisión Digital Terrestre (TDT) o Televisión Digital Abierta.
«Los venezolanos que tengan el decodificador digital pueden ver la señal abierta, donde no está Globovisión«, que seguirá en modo analógico, pero cuando éste finalice bien podría ser «el fin» de Globovisión, dijo a Efe Ricardo Antela, uno de los abogados de la emisora.
Añadió que si bien el Gobierno dijo en el pasado que «el apagón analógico» ocurrirá en el año 2018, hoy no lo confirmó y «podría hacerlo el año 2015 o en el 2014».
«El verdadero peligro de esta decisión es que, cuando entramos a partir de ahora en una fase de transición en la que convive la señal analógica, donde figura Globovisión, y la digital, donde no está Globovisión, esta discriminación persista», insistió Antela.
Globovisión aseguró que nunca fue convocada a las reuniones entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y los medios de comunicación para afinar los detalles de la TDT, pese a pedirlo «reiteradamente».
Es decir, dijo la emisora en un comunicado adicional, «fue intencionadamente discriminada» y «se verá forzada a continuar transmitiendo (solo) en modo analógico, en evidente desventaja con el resto de los medios» que también lo hacen a través de TDT.
Y posteriormente, remarcó el texto de la emisora, «se verá obligada a interrumpir su transmisión tan pronto como el Gobierno decrete la extinción de la emisión analógica y Globovisión no esté en capacidad de transmitir en señal digital, por haber sido discriminada y excluida del proceso oficial».
La línea crítica con el Gobierno que evidencia le ha costado, según los directivos de Globovisión, la apertura de investigaciones y multas, la última por 2,1 millones de dólares que debió pagar a mediados de 2012 para evitar un embargo de bienes por 5,6 millones de dólares ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia.
La máxima instancia judicial acusó entonces al canal de apología del delito en la cobertura de un motín carcelario.
Al no poder transmitir en señal abierta, advirtió la emisora, «el Gobierno podría decretar la extinción anticipada» de la concesión y también «podría excluir a Globovisión de las operadoras de televisión satelital y por cable».
El abogado admitió que el inicio de las transmisiones por TDT tomó «por sorpresa» a los directivos de Globovisión.
«Por eso estamos evaluando qué vamos a hacer, qué acciones legales» se intentarán, aunque «nuestras expectativas no son las de confiar mucho en el poder judicial», agregó Antela.
El comunicado de la cadena acusó a su vez al Gobierno de tener «el propósito último de menoscabar gravemente» sus condiciones técnicas de operación, para luego «preparar los argumentos que justifiquen la revocatoria prematura y anticipada de su concesión y cancelar definitivamente la transmisión de la señal».
