El regulador español CNMC, junto con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y los principales actores del sector audiovisual, ha iniciado el proceso de firma de un nuevo acuerdo corregulador diseñado para mejorar la protección de los menores y mejorar la información de la audiencia en todos los servicios audiovisuales.
El acuerdo introduce un sistema unificado de clasificación por edades y descriptores de contenido que se aplicará en televisión lineal, plataformas bajo demanda y creadores de contenido en línea influyentes clasificados como Usuarios de Relevancia Especial (UER).
El marco tiene como objetivo ayudar a los espectadores a tomar decisiones más informadas y al mismo tiempo apoyar el uso eficaz de las herramientas de control parental.
La iniciativa es el resultado de más de dos años de desarrollo, incluidas dos consultas públicas y una amplia colaboración con emisoras, proveedores de streaming, autoridades regionales y organizaciones industriales.
En la ceremonia de firma, el presidente de la CNMC, Cani Fernández, afirmó: “El mundo audiovisual está evolucionando y debe estar respaldado por marcos regulatorios adaptados a esta realidad, acordados por todos los actores y, sobre todo, diseñados para beneficiar a los consumidores y usuarios, especialmente a los públicos más jóvenes.”
El acuerdo ha sido firmado por la CNMC junto a importantes participantes del ecosistema audiovisual español, entre los que se encuentran proveedores nacionales de servicios audiovisuales, la Federación de Organizaciones Regionales de Radio y Televisión (FORTA), el organismo de autorregulación publicitaria AUTOCONTROL y organizaciones de protección al consumidor y a la infancia como AUC, iCmedia y la Plataforma de Organizaciones Infantiles.
Según la legislación audiovisual española, los proveedores nacionales de servicios audiovisuales –incluidas las UER– deben formar parte de un marco regulatorio como el establecido por el acuerdo. La CNMC advirtió que se podrían tomar medidas coercitivas contra los proveedores que no se unan al sistema luego del lanzamiento formal del acuerdo.
La implementación regional se llevará a cabo progresivamente. El apoyo inicial ha sido confirmado por el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACV) y las autoridades audiovisuales de Castilla-La Mancha y Navarra. Su participación permitirá que las emisoras regionales y locales bajo su supervisión se unan al plan.
El modelo corregulador se basa en la colaboración entre reguladores, participantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil. Una vez que el acuerdo entre en vigor, se introducirá un mecanismo de quejas públicas que permitirá a los espectadores informar posibles errores en las clasificaciones de edad o en el uso de descriptores de contenido por parte de los proveedores participantes.