La lucha contra la IPTV pirata y las retransmisiones ilegales de fútbol en España entra en una nueva fase.
Un juzgado ha ordenado a los principales proveedores de Internet que faciliten la identidad de clientes sospechosos de acceder a emisiones piratas de televisión de pago, en una decisión que refuerza el arsenal legal de LaLiga contra la piratería digital.
El auto, dictado por un juzgado de Córdoba a petición del organismo que dirige el fútbol profesional español, obliga a siete operadoras —Vodafone, MasOrange, Orange España, Orange España Virtual, MásMóvil, Digi y Telefónica— a entregar datos personales vinculados a direcciones IP presuntamente utilizadas para ver partidos sin autorización mediante redes P2P.
La resolución, firmada por el juez Antonio Fuentes Bujalance, exige a las compañías que proporcionen nombres completos, DNI y direcciones físicas y electrónicas asociadas a esas IP.
Según el tribunal, esta es la “información necesaria” para que LaLiga determine si procede iniciar acciones judiciales y contra quién, lo que abre la puerta a demandas directas contra usuarios finales, no solo contra distribuidores de contenidos ilegales.
El requerimiento cubre las conexiones detectadas desde el inicio de la temporada 2025-2026, el 17 de agosto, hasta su finalización el 24 de mayo, e incluye a usuarios vinculados a los llamados canales espejo asociados a Ace Stream, una tecnología frecuentemente señalada en casos de retransmisión no autorizada.
En su argumentación, el magistrado sostiene que el tribunal cordobés es competente porque la emisión deportiva online tiene un alcance territorial “universal”: si un usuario accede desde Córdoba a una señal ilegal, la infracción se considera cometida en esa jurisdicción.
Además, la resolución adopta una interpretación actualizada del concepto de copia ilícita, reconociendo que también pueden existir “copias virtuales” distribuidas digitalmente, no solo reproducciones físicas.
La decisión llega en un contexto de creciente polémica por la estrategia antipiratería de LaLiga. En los últimos meses, los bloqueos masivos de dominios y servicios ordenados judicialmente han provocado caídas temporales de páginas y plataformas legítimas durante jornadas de partido, lo que ha suscitado críticas por el alcance de estas medidas.
Paralelamente, la organización ha puesto en marcha programas de incentivos económicos para quienes denuncien bares o locales que emitan partidos sin licencia.
Sin embargo, con este nuevo respaldo judicial, el foco parece desplazarse con claridad hacia los consumidores individuales, marcando un cambio significativo en la batalla legal contra el visionado ilegal de contenidos deportivos.
