El Gobierno griego ha anunciado el cierre de la radiotelevisión pública (ERT) del país, informó Simos Kedikoglou, portavoz del Ejecutivo. «ERT dejará de existir tras el cierre de la programación de esta noche [por este martes]. En su lugar funcionará lo antes posible un organismo público, moderno, con mucho menos personal», dijo Kedikoglou.
El portavoz del Ejecutivo calificó a la ERT como un medio «opaco». «Su opacidad termina hoy [por este martes]. Se trata de un medio increiblemente derrochador». Según detalló, «tiene un coste tres veces superior, en algunos casos hasta siete veces superior, a otros canales y una plantilla cuatro veces, incluso seis veces, superior a sus rivales y una audiencia inferior».
«En momentos el pueblo griego no puede soportar más sacrificios, no hay tiempo para la vacilación», detalló Kedikoglu, según recoge la propia web de la ERT.
La radiotelevisión pública griega es financiada por los ciudadanos mediante un impuesto que se paga con el recibo de la luz.
El portavoz anunció que los cerca de 3.000 trabajadores de ERT -los medios griegos hablan de entre 2.600 y 3.000 trabajadores- serán despedidos y percibirán las indemnizaciones correspondientes. Los empleados que quieran trabajar en el nuevo organismo, podrán presentar su candidatura, dijo el portavoz sin precisar cuál será el tamaño de la plantilla del futuro ente.
Algunos medios locales citaban hoy a fuentes gubernamentales, según las que la nueva entidad contaría con unos 700 empleados frente a los en torno a 2.600 de la actualidad. El Gobierno estima que podría ahorrarse algo más de 100 millones al año.
Además de funcionar con una «estructura organizativa clara» y un coste mucho más reducido, el nuevo organismo contará con el archivo de ERT, que constituye un tesoro nacional, según detalló el Gobierno griego.
Opacidad y mala gestión
«Su gestión está determinada por la opacidad. ¡Se trata de una empresa con seis departamentos de contabilidad que no se comunican entre sí!», se quejó Kedikoglou, que añadió: «Hay una gran opacidad en la gestión de los contratos. Que es aún mayor en la gestión del material: ¡no se ha realizado un inventario en ocho años!».
Desde el Gobierno se quejaron de las enormes cantidades que se pagan a las producciones privadas, «producciones que se podrían hacer por mucho menos dinero y con sus propios medios».
El cierre de ERT es posible gracias a un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con esta medida, el Gobierno pretende cumplir las exigencias de la troika de eliminar 2.000 empleos públicos hasta finales de este mes.
Los trabajadores de ERT se han reunido con carácter de urgencia en una asamblea general para analizar la situación, informó el ente público. Según el portal de noticias ‘in.gr’, el comité de empresa ha propuesto que a partir de mañana sea el propio personal de ERT el que asuma la dirección de todos los programas.
La decisión, tomada unilateralmente por el primer ministro, conservador, Andonis Samarás, ha causado un revuelo en todos los partidos, incluidos sus socios de Gobierno, los socialdemócratas de Pasok y la izquierda moderada de Dimar.
En un comunicado, Pasok destaca que un Gobierno tripartito no puede actuar con decisiones unilaterales. «ERT debe convertirse en una entidad moderna, pública y acorde con las normas europeas. Su reforma no puede hacerse suspendiendo su funcionamiento y a costa de 2.000 puestos de trabajo», dijo Pasok.
Para Dimar, «es impensable que en un país europeo deje de funcionar una televisión pública, ni siquiera por espacio de una hora.
Al igual que ocurre en toda la administración pública, la radiotelevisión griega sufre de un exceso de personal administrativo. Según viene denunciando desde hace tiempo los sindicatos de medios, hay en cambio una clara escasez de periodistas y técnicos.
«ERT no es propiedad del Gobierno sino del pueblo griego», declaró por su parte, Panos Skurletis, portavoz del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, quien afirmó que su formación luchará junto con el personal de ERT por modernizar este ente público, en lugar de cerrarlo.
Expertos jurídicos consultados ponen en duda la validez legal de este decreto, pues si bien está firmado por el jefe de Gobierno y los ministros de su partido Nueva Democracia, no cuenta con la rúbrica de los restantes miembros del Gobierno.
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