Un Juzgado de Santander ha condenado al Gobierno regional a pagar 3,5 millones a SES Astra y a devolverle el aval de 500.000 euros que esta empresa depositó para el concurso de implantación de la TDT, al entender que la sociedad pública Idican disolvió de forma unilateral el contrato.
En el juicio celebrado los pasados días 13 y 14 de diciembre, Astra solicitó que se condenara al Gobierno de Cantabria a pagar 21,9 millones de euros por los gastos derivados de la puesta en marcha del proyecto y por la pérdida de ganancias. Y también pidió que se le devolvieran los 500.000 euros del aval que depositó para el concurso y que el Ejecutivo regional todavía no le ha reintegrado.
Frente a esto, la representación del Gobierno cántabro ofreció a Astra el pago de 681.000 euros por la pérdida de ganancias durante el primer año del servicio, así como de los gastos incurridos, aunque sin concretar una cifra. Y señaló que siempre ha estado dispuesto a devolver el aval.
Astra demandó al Gobierno de Cantabria por haber roto el contrato por el que se le adjudicó la redifusión vía satélite de los canales de televisión digital terrestre (TDT) para toda la región.
La sociedad regional Idican decidió rescindir el contrato porque meses después de esa adjudicación, el Estado comenzó a impulsar una serie de medidas para la universalización de la recepción de la televisión digital en todo el territorio español, que no tenían coste alguno para las comunidades autónomas.
En un fallo que no es firme y que puede recurrirse, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander ha estimado de forma parcial la demanda que presentó Astra y entiende que Idican, que depende del Gobierno de Cantabria, canceló el contrato de forma unilateral, sin se hubieran producido ninguna de las causas que estaban recogidas como causa de resolución.
El Juzgado agrega que en este caso no se aprecia un incumplimiento del contrato por parte de Astra que justificara la resolución del contrato.
Efe
