El fraude audiovisual es una actividad criminal que incurre en pérdidas de alto valor para todas las competiciones deportivas en el ámbito global, con una incidencia específica de entre 600M€ y 700M€ en el caso del fútbol español, una industria que emplea a más de 190.000 personas y que aporta a las arcas españolas cerca de 8.400M€, el equivalente al 1,44% del PIB español.
El reciente informe publicado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en inglés), que cubre la evolución del fraude audiovisual en diferentes ámbitos entre los años 2017 y 2023, expone que la piratería de eventos deportivos en Europa incrementó un 36,5% entre 2021 y 2023. En el caso de España, la media de acceso por usuario a contenido deportivo pirata al mes se mantiene un 25% por encima de la media de la Unión Europea.
No obstante, este informe no cubre la incidencia real de las IPTV en la retransmisión de eventos deportivos en directo y aún no cuenta con información real de este recurso empleado por piratas, aunque estima que como mínimo hay 4,5M de usuarios de IPTV en Europa, lo que es muy significativo según la propia EUIPO.
Así, es relevante destacar cómo España registra una de las tasas más altas de piratería deportiva en Europa, con uno de cada tres españoles consumiendo contenido pirata, según la consultora especializada YouGov a fecha de mayo de 2024, y con un 59% de los españoles, que específicamente consumen contenido pirata al menos una vez al mes, según los datos de Ampere a fecha del cuarto trimestre de 2023. Concretamente, según un informe de Grant Thornton, hasta 5,3 millones de retransmisiones pirata en directo fueron denunciadas en Europa sólo en el primer semestre de 2024.
Tal es la preocupación y el dañino impacto que genera el fraude audiovisual, que tanto broadcasters como propietarios de derechos están llevando a cabo acciones coordinadas para poder acabar con esta lacra, como la reciente operación contra los suscriptores de dispositivos IPTV en Europa, con 22 millones de usuarios y que generaba 3.000M€ al año.
Otro caso conocido esta misma semana es la acción de la LFP francesa contra los piratas, con alarmantes cifras como que el 55% de los espectadores del reciente Olympique de Marsella – PSG vivieron el partido a través de vías ilegales. Y el pasado 16 de noviembre la Guardia Civil española bloqueó y eliminó todos los canales del mayor canal de streaming pirata de España: Cristal Azul. Más de 78.000 usuarios accedían ilegalmente a los partidos de fútbol de LALIGA, llegando a defraudar más de 42 millones de euros.
El crecimiento y alcance de esta actividad ilegal es preocupante y su incidencia es muy elevada, tanto por el impacto directo que ejerce contra la industria deportiva, como el fin de los ingresos obtenidos por medio del fraude audiovisual, que puede ser destinado a financiar otras actividades criminales.
En julio de 2024, LALIGA comunicó que había alcanzado el hito de las más de mil sentencias condenatorias frente a los establecimientos HORECA que cometen fraude audiovisual, y en Telegram, desde la temporada 2022/23 hasta inicios de la 2024/25, se han cerrado más de 8.000 grupos de infractores que implicaban a más de 45 millones de usuarios.
Un problema de alcance global
El fraude audiovisual es una de las industrias ilegales más lucrativas a nivel mundial, que supera con creces al tráfico de drogas en todo el mundo y que se estima que suponga un coste de 10,5B€ en 2025, dada la rápida adaptación de los piratas y los nuevos recursos que emplean para llevar a cabo esta actividad ilícita.
Por ello, esta semana tendrá lugar las primeras Jornadas contra el fraude audiovisual en Latinoamérica, organizada por LALIGA en Buenos Aires, para analizar el tremendo impacto global, que tiene mayor incidencia en Latinoamérica y Sudamérica, con un porcentaje de usuarios que recurren a la piratería al menos una vez al mes que supera en hasta un 28% a los datos de España, como es el caso de México.
Así, la jornada contará con grandes nombres del ecosistema deportivo y audiovisual, de grandes organizaciones como LigaPro, LFP Media, ESPN, la Alianza contra la Piratería Audiovisual, UEFA o la propia LALIGA, junto con gobiernos locales como el argentino o el brasileño.
