La Audiencia Nacional ha dictado una de las sentencias más contundentes contra la piratería audiovisual en España, condenando a la que ha sido una de las mayores redes ilegales de IPTV de Europa y fijando una de las indemnizaciones más elevadas por delitos contra la propiedad intelectual en la historia del país.
El caso, impulsado en origen por Nagravision y posteriormente reforzado por LALIGA, se ha resuelto con la conformidad de los acusados ante una acusación conjunta del Ministerio Fiscal y distintas empresas privadas, como Movistar Plus+, Mediapro y Egeda, que se sumaron como acusaciones particulares.
La investigación, liderada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia (Policía Nacional) y el Grupo de Propiedad Intelectual de la UDEV, contó además con el apoyo de Europol y Eurojust para coordinar la acción internacional.
La red de RapidIPTV: dos millones de usuarios y cientos de miles de canales
El núcleo de la trama, gestionada por el conocido como “Dash, el iraní” (Amir Z.), operaba principalmente a través de dominios como rapidiptv.com, rapidiptv.net e iptvstack.com, ofreciendo retransmisiones de fútbol, cine y series —incluidos contenidos de LALIGA— a más de dos millones de usuarios.
Los servidores de la red estaban implantados en 13 países de tres continentes, lo que permitía distribuir señales pirateadas a través de plataformas IPTV y listas M3U de forma masiva.
La organización también funcionaba con un modelo de franquicia, multiplicando su presencia por decenas de subpáginas y canales, lo que multiplicaba el impacto económico del fraude.
Indemnizaciones y sanciones record
La sentencia impone una indemnización de 12 millones de euros para las empresas de derechos afectadas y más de 30 millones de euros en multas por blanqueo de capitales. Además, se acuerda el decomiso de todos los bienes y fondos intervenidos y la clausura definitiva de los dominios implicados, entre ellos los de RapidIPTV y afines.
La red había utilizado un entramado de pasarelas de pago, exchanges de criptomonedas, empresas pantalla y facturas falsas para dar apariencia de legalidad a su volumen de negocio. Entre las operaciones identificadas figuran la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la adquisición de dos vehículos de alta gama por 400.000 euros.
Un mensaje ejemplar contra la piratería
Javier Tebas, presidente de LALIGA, ha subrayado que “el fraude audiovisual es una lacra que amenaza la supervivencia de una industria fundamental para la economía europea, como el deporte en vivo. Nos enorgullece esta sanción ejemplar, que demuestra que hay que luchar con contundencia contra la piratería a todos los niveles, especialmente hacia las organizaciones y mafias que hay detrás”.
Este resultado corrobora la eficacia de la estrategia global antipiratería de LALIGA, que para la temporada 2024/2025 redujo en un 60% el consumo de piratería en España.
Más allá de las acciones judiciales y de la colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la estrategia incluye pilares educativos, institucionales y tecnológicos que sitúan este fallo de la Audiencia Nacional como uno de sus éxitos más visibles.