La Policía Nacional ha desarticulado una red presuntamente dedicada a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago y vídeos bajo demanda que daba servicio a alrededor de 20.000 clientes.
En la operación se han detenido 12 personas de las que cuatro eran las encargadas de la obtención de la señal televisiva. Posteriormente llevaban a cabo su distribución ilegal dando publicidad al servicio que prestaban. Para ello captaban clientes, facilitaban y gestionaba sus accesos y realizaban los cobros.
Como resultado de esta operación se han cerrado siete páginas web y dos perfiles en redes sociales donde se anunciaban los servicios ilícitos. Además se han intervenido 86 decodificadores de señal de televisión, 15 discos duros, 10 ordenadores, 17 teléfonos móviles, un vehículo de alta gama, dos servidores NAS y 22.919 euros en efectivo.
La investigación arrancó en el año 2017 cuando se detectó una página de Facebook que en ese momento contaba con más de 1.700 seguidores. En ella se promocionaba el acceso a canales de televisión de pago y vídeos bajo demanda de forma ilegal.
La actividad desarrollada por el grupo consistía en la obtención legal de la señal emitida por parte de las principales plataformas de televisión de pago. Posteriormente subían fraudulentamente dicha señal a servidores en el extranjero de diferentes compañías.
Modus operandi
Las investigaciones permitieron identificar a los 12 miembros que formaban el entramado investigado y que se encontraban divididos en dos niveles. Un primer escalón estaba formado precisamente por esas cuatro personas.
Un segundo nivel estaba formado por los ocho miembros restante denominados «resellers» o revendedores. Su principal actividad consistía en adquirir los servicios integrantes del primer nivel a un coste reducido para posteriormente comercializarlos entre sus clientes.
El número total de clientes de la organización desarticulada asciende a 20.000 en España y otros países. Por todo ello les habría reportado un beneficio económico superior al millón de euros, con una inversión en soporte técnico que habría ascendido a cerca de 70.000 euros.
A parte de la detención de los 12 integrantes de la trama, se realizaron 13 entradas y registro en domicilios e inmuebles de Madrid, Toledo, La Rioja, Ávila, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid. Entre ellos se encontraba un local comercial destinado a la venta y comercialización de servicios de televisión e Internet.
A los detenidos se les imputan delitos contra la propiedad intelectual, industrial, relativos al mercado y los consumidores, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
