La Audiencia de Zamora ha condenado a 9 años de prisión por fraude a siete integrantes de una red que facilitaba ilegalmente acceso a plataformas audiovisuales y de televisión privada en un grupo cerrado de redes sociales que distribuía la señal de Internet a unos 15.000 usuarios de toda España entre mayo de 2019 y 2020.
El fraude en cuestión permitió ganar a la organización 1,2 millones, según la investigación policial emprendida en mayo de 2019 en Zamora a partir de la denuncia de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda).
La investigación policial permitió demostrar que el fraude llegó a 1.216.460 euros, según la Fiscalía de Zamora, una cantidad a la que ascendía la indemnización para las plataformas afectadas y de la que los ocho acusados han pagado casi en su totalidad, salvo 215.000 euros que tendrán que desembolsar tras la condena de la Audiencia Provincial.
La organización operaba también desde Córdoba, de donde era otro integrante; desde Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva), donde residían tres de sus miembros; y desde Málaga (Benalmádena), de donde era el otro. Estos cinco imputados tenían la función de distribuir ilegalmente los contenidos audiovisuales y de televisión de forma coordinada a los miles de usuarios que habían captado y que pagaban una cantidad previa a recibir los contenidos, inferior a las de las plataformas legales.
Las penas impuestas para los otros cinco integrantes de la red oscilan entre los 18 y los 9 meses, en función de su mayor o menor implicación en los fraudes. No obstante, la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel se condiciona a no cometer en dos años un nuevo delito, caso en el que ingresarían en un centro penitenciario de inmediato.
Los agentes que investigaron el fraude situaron inicialmente el perjuicio patrimonial para las plataformas legales pirateadas en unos 11.830.000 euros; y en 3.144.000 euros para Hacienda al dejar de recaudar los impuestos pertinentes.
La operación permitió la desarticulación del mayor grupo criminal de Castilla y León, y uno de los más potentes del país, dedicado al fraude de las telecomunicaciones mediante la facilitación, previo pago, de servicios audiovisuales a través de IPTV.
